Un plan de bancarrota del reciclador de baterías Exide le permitiría alejarse de la mayor limpieza ambiental de California, dejando que los contribuyentes paguen la factura.
Durante décadas, familias en una franja del sureste del condado de Los Ángeles han vivido en una zona de desastre ambiental, sus hijos jugando en patios contaminados con plomo que daña el cerebro mientras esperan que una agencia estatal elimine la tierra contaminada de miles de hogares.
Ahora, su limpieza enfrenta una incertidumbre aún mayor. Un plan de quiebra por parte de Exide Technologies, que operó la fundición de baterías de plomo-ácido, ahora cerrada en Vernon, a la que se culpa por la contaminación, permitiría que el sitio fuera abandonado sin terminar su descontaminación.
La administración Trump, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental, acordó no oponerse al plan de Exide, lo que significa que los contribuyentes estatales se quedarían con el proyecto de ley para la limpieza ambiental más grande de California, que ya asciende a más de $270 millones.
La propuesta ha provocado indignación entre los reguladores estatales, los funcionarios electos y los grupos comunitarios en los vecindarios latinos en su mayoría de clase trabajadora alrededor de la planta. Exigen que el plan sea descartado antes de una audiencia judicial programada para el jueves.
En una carta al fiscal general William Barr, siete legisladores estatales que representan a los vecindarios afectados, dijeron que Exide debe rendir cuentas por causar “daños inconmensurables” a las comunidades circundantes. “Desafortunadamente para nuestros residentes, a diferencia de Exide, no existe un proceso legal que les permita simplemente borrar la contaminación por plomo de sus cuerpos”.
El monseñor John Moretta de la Iglesia Católica Resurrection en Boyle Heights imploró al Departamento de Justicia que “no abandone esta comunidad a la basura que Exide dejó aquí".
El Departamento de Justicia y la EPA no respondieron las preguntas del Times, pero anunciaron que realizarán una reunión pública virtual el martes a las 4 p.m. “para escuchar las preocupaciones de la comunidad”.
“Estamos evaluando los comentarios públicos recibidos, como se pide en esa propuesta”, dijeron las dos agencias en declaraciones casi idénticas. “Debido a que el asunto de Exide permanece en litigio activo y ante el Tribunal de Quiebras, en ese foro se harán otras declaraciones sobre el acuerdo propuesto”.
Exide no respondió a una solicitud de comentarios. En el pasado, la compañía ha argumentado que no es responsable de la contaminación por plomo más allá de los límites de las instalaciones de Vernon, que asumió en 2000. Ha culpado a otras fuentes de la contaminación residencial, incluidas las instalaciones industriales vecinas y la pintura a base de plomo.
En los documentos judiciales, la compañía ha argumentado que ha cumplido con sus obligaciones de limpieza y acusó al estado de intentar imponer indebidamente cientos de millones de dólares en responsabilidad por “supuesta contaminación residencial fuera del sitio”.
Se suponía que un acuerdo alcanzado en 2015 entre la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California y Exide, con sede en Georgia, evitaría tal resultado. En él, la empresa admitió años de delitos ambientales, escapándose de cargos penales a cambio de cerrar definitivamente la instalación de Vernon, demolerla y limpiar la contaminación.
En ese momento, la oficina del fiscal de Estados Unidos defendió su acuerdo de no enjuiciar como una forma de garantizar una limpieza oportuna sin dejar a los contribuyentes con la factura. Si la empresa no cumplía con los acuerdos de limpieza en algún momento de los siguientes 10 años, argumentaron los funcionarios, se enfrentaría a la persecución penal por esos delitos.
Eso no ha sucedido, a pesar de la determinación del estado el año pasado de que la empresa violó el acuerdo.
Los activistas, que durante mucho tiempo han cuestionado el trato que se le ha dado a la empresa por parte de las autoridades federales, dijeron que el resultado era previsible.
“No me sorprende que Exide haya seguido encontrando formas de evitar pagar por la limpieza”, manifestó Idalmis Vaquero, miembro del grupo Communities for a Better Environment que vive en un complejo de viviendas públicas de Boyle Heights dentro de la zona de limpieza que ha aún no ha sido tratado por contaminación por plomo. “También estoy realmente frustrado por la incompetencia, la lenta limpieza y la falta de poder legal que [el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas] está dispuesto a ejercer”.
Los reguladores de California culpan a la planta, a unas cinco millas del centro de Los Ángeles, por esparcir polvo de plomo en media docena de comunidades hasta a 1.7 millas de distancia, donde vivían más de 100.000 personas. Pero el estado permitió que la instalación operara sin un permiso completo durante más de tres décadas. Tampoco requirió que la compañía reservara fondos adecuados para limpiar su contaminación, incluso cuando repetidamente violaba las reglas ambientales sobre desechos peligrosos y liberaba cantidades ilegales de plomo y otros contaminantes tóxicos al aire.
La gente de los vecindarios aledaños presionó durante años para que se cerrara la planta solo para librar más batallas con los burócratas estatales para limpiar su propiedad de la contaminación por plomo que quedó atrás. Esta sustancia es una potente neurotoxina que puede causar problemas de aprendizaje, coeficientes intelectuales más bajos y otros daños permanentes de desarrollo y comportamiento en los niños, incluso en pequeñas cantidades.
“Las exposiciones al plomo en las comunidades cercanas a Exide siguen siendo generalizadas”, dijo Jill Johnston, profesora de medicina preventiva en USC. “Sin un remedio activo, esta gran fuente de plomo continuará representando una amenaza para la salud de las comunidades circundantes”.
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del estado ha eliminado la tierra contaminada con plomo de aproximadamente 2.000 propiedades residenciales desde 2014. Pero aún no se han limpiado miles de propiedades más con contaminación de plomo por encima de los límites estatales de salud, y el proyecto ha estado plagado durante mucho tiempo por demoras y acusaciones de mala administración.
Allison Wescott, portavoz del Control de Sustancias Tóxicas, culpó a la compañía de la situación y dijo que “desde que se descubrió la contaminación, Exide ha trabajado para evadir su total responsabilidad con los californianos”.
“Y ahora está intentando utilizar el proceso de quiebra para abandonar completamente las instalaciones de Vernon”, manifestó.
Exide se acogió a la protección por quiebra en mayo con planes de liquidar sus activos en varios estados.
Después de las negociaciones a principios de este año, California recibió una propuesta del acuerdo el mes pasado que solicitaba al estado que aceptara $2.5 millones a cambio de liberar a la compañía de toda responsabilidad, dijeron funcionarios estatales. California se negó a firmar, pero la empresa siguió adelante con un plan “no consensual” que eliminaría la responsabilidad y permitiría el abandono del sitio.
La propuesta se dio a conocer públicamente el 25 de septiembre, proporcionando solo ocho días hábiles para que los miembros de la comunidad enviaran comentarios.
Los residentes de los vecindarios que rodean la planta estaban horrorizados.
“Admitieron haber realizado actividades delictivas, y aún así se están yendo”, dijo Joe González, un trabajador postal jubilado de Boyle Heights que luchó durante años para cerrar la planta y ahora está luchando contra el estado para eliminar la contaminación por plomo de su jardín. “Es solo una pesadilla a largo plazo. Necesitamos funcionarios que defiendan a nuestras comunidades y el daño que estamos sufriendo”.
El estado presentó una objeción el miércoles, suplicando al Tribunal de Quiebras que rechazara un plan que “efectivamente coloca todos los riesgos y costos de la planta de Vernon sobre los hombros de los californianos y permitiría a las partes más responsables alejarse de una situación inminente y riesgo sustancial para la salud pública”.
La instalación, ubicada en el 2700 S. Indiana St. en la ciudad fuertemente industrializada de Vernon, no ha operado desde 2014, pero “sigue estando altamente contaminada y es un riesgo diario continuo”, según la presentación de la corte estatal. La parte principal de la instalación está protegida por un cerco hecho de andamios, armazones y láminas de plástico que no están destinadas a ser permanentes y “requieren operación, mantenimiento, inspecciones y monitoreo diarios para garantizar que los materiales peligrosos no escapen... y contaminen a las comunidades circundantes”.
La limpieza de la instalación cerrada en sí costará entre $70 millones y $100 millones, según el estado.
Los funcionarios de California han dicho durante años que están construyendo un caso legal para recuperar los costos de limpieza de la empresa y cualquier otra parte responsable. Pero no queda claro qué recurso tendrá el estado si se aprueba el plan de quiebra de Exide.
El Control de Sustancias Tóxicas “continúa su trabajo con la oficina del fiscal general para responsabilizar a todas las partes causantes de la contaminación de las operaciones de la instalación de Exide”, dijo Wescott. Admitió que la quiebra de Exide amenaza la capacidad de California para recuperar los costos, pero dijo que la agencia “cuenta con el firme apoyo del liderazgo estatal y local necesario para llevar a cabo esta limpieza”.
El asambleísta estatal Miguel Santiago (D-Los Ángeles) criticó al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas por su “disfunción e incapacidad para actuar rápidamente”.
“Si el DTSC hubiera tomado acciones legales más rápidas contra Exide, habrían estado en una posición más fuerte en el proceso de la quiebra”, destacó Santiago. “Todas las comunidades de California están en peligro de convertirse en el próximo desastre de Exide si no tenemos una agencia que se mueva a la velocidad del rayo como un bulldog agresivo contra los contaminadores”.
El secretario de Protección Ambiental de California, Jared Blumenfeld, defendió las acciones del estado y dijo: “Hemos intentado en todo momento responsabilizar a Exide”.
La situación se complica por el inmenso alcance de la contaminación y el hecho de que la empresa se está liquidando, lo que prácticamente elimina las perspectivas de generar fondos de limpieza en el futuro, expuso Sean Hecht, profesor de derecho ambiental en la Facultad de Derecho de UCLA. Pero una cosa de la que el proceso de quiebra no puede absolver a la empresa es la responsabilidad penal, enfatizó.
“En teoría, el Departamento de Justicia podría perseguir a Exide por los delitos graves que ya ha admitido”, señaló. “Pero, ¿qué lograría eso en términos de obtener fondos para la limpieza? En última instancia, el dinero no está ahí, y ese es el problema ahora”.