Elevar los volúmenes de recuperación y de procesamiento, con la introducción de tecnologías que permitan la clasificación en origen.
Priorizar en la planificación de las inversionistas de la industria, aquellas relacionadas con el reciclaje, enfatizando el manejo integral de los desechos y la elevación del valor agregado.
Concentrar la actividad Estatal de Reciclaje en las grandes fuentes generadoras de materias primas, la compra a las cooperativas y el procesamiento industrial.
Incorporar al proceso de recuperación de materias primas nuevos modelos de gestión, que se ocuparán de las pequeñas y medianas fuentes generadoras.
Estimular la participación del capital extranjero en los procesos inversionistas.
El Ministerio de Industrias elaborará balances nacionales de los principales desechos reciclables del país, con el objetivo de dirigir su destino.
Los desechos no reutilizables internamente en las entidades que los generan deberán ser registrados.
Maximizar en la industria nacional la utilización de los desechos reciclables, exportando solo aquellos que tecnológicamente no sea posible su utilización en el país.
Desarrollar programas educativos para promover una gestión de reciclaje eficiente, eficaz y sostenible.
Diferenciar el tratamiento de los desechos con alto impacto medioambiental.
Integrar el reciclaje como parte de la protección medio ambiental sobre la base de la responsabilidad social.
Actualizar la Ley de Reciclaje a aplicar en el sector productivo y la población.
Aplicar instrumentos de política fiscal y arancelaria que incentiven el reciclaje y penalicen las infracciones.
Los objetivos del reciclaje deberán armonizarse con los lineamientos de la política de envases y embalajes, prestando especial atención al incremento de los índices de retorno de los envases de cristal, fundamentalmente para productos destinados al mercado interno.
La política de precios deberá:
Aproximar los precios de venta a los del mercado internacional, aplicándolos uniformemente en los diversos sectores y tipo de consumidores. Fijar precios de compra por acuerdo, estimulantes, que maximicen el beneficio económico del país y propicien el desarrollo de las entidades del sector del reciclaje.
Cubrir los costos y gastos en toda la cadena hasta el consumidor final.
Favorecer la descentralización en la formación de precios.